La Comisión para el Desarrollo y la Cooperación aprobó hace unos días, por unanimidad, la recomendación que hoy sometemos a la consideración del Parlamento. Antes había hecho un esfuerzo notable para agilizar y racionalizar la tramitación del tema, considerando que votar el nuevo Reglamento del Parlamento y del Consejo relativo a la Cooperación para el Desarrollo con Sudáfrica era una cuestión importante y urgente.

Era importante, porque Sudáfrica es uno de los países que mayor contribución reciben por parte de la Unión Europea para su proceso de desarrollo. Y es urgente porque el Reglamento que había estado vigente durante los últimos cinco años para el funcionamiento de esta cooperación había expirado el 31 de diciembre de 1999, quedándose a partir de esa fecha los distintos procedimientos en curso, sin la pertinente cobertura jurídica.

No deja de ser preocupante que hayamos podido llegar a tal situación. En efecto, en el primer semestre de 1999, nuestro Parlamento tomó en consideración el primer texto propuesto por la Comisión, aprobando al respecto seis enmiendas y trasladándolas al Consejo para su pertinente reacción. Y aquí es donde se produjo la demora, puesto que el Consejo tardó nada menos que ocho meses hasta ofrecernos su posicionamiento. Con eso nos salimos del calendario previsto y se produjo el vacío jurídico a que acabo de referirme.

Por fin, el Consejo produjo su propuesta. Su texto recogía la mayor parte del contenido de las enmiendas que el Parlamento había aprobado en la Primera lectura. En particular el Consejo reforzaba considerablemente las referencias relativas a combatir la pobreza y alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo acordados sobre la base de Convenios y resoluciones de Naciones Unidas.

En la reflexión que nuestra Comisión para el Desarrollo y la Cooperación hizo respecto de la propuesta del Consejo, se entendió como necesario tratar de evitar la prolongación de la tramitación con una Tercera Lectura. Es decir que pensamos asumir todo lo que nos pareciera razonable y limitar nuestras enmiendas a aquello que resultara indispensable. Y aún eso con un espíritu de gran moderación.

Quedaron apenas dos cuestiones que son aquellas que se han traducido en enmiendas que a modo de Recomendación nuestra Comisión somete a la aprobación de este Pleno.

La primera cuestión se refiere a la Comitología: el Consejo deseaba que el Comité de Expertos fiscalizara todos los proyectos de cooperación con Sudáfrica a partir de los que tuvieran un presupuesto de 3 millones de euros. En cambio nosotros pensábamos que dicho Comité debería estar más para orientar y controlar las grandes líneas de la cooperación al desarrollo con Sudáfrica y para fiscalizar directamente sólo los proyectos de mayor envergadura, quedando los de menor cuantía en los procedimientos ordinarios que son responsabilidad de la Comisión Europea. Valorados todos lo extremos, finalmente nuestra enmienda, la que hoy les sometemos a consideración, eleva la propuesta del Consejo de 3 a 5 millones, con lo que el Comité de Estados tendrá bastantes menos proyectos en que ocuparse, y podrá así dedicarse más a la globalidad de tan importante actividad.

La segunda concierne al marco presupuestario de la cooperación al desarrollo entre la unión Europea y Sudáfrica para el periodo de siete años - incluyendo el año 2000 - a que se refiere el Reglamento que debatimos. En los cinco años anteriores este marco presupuestario había sido de 125 millones de euros anuales. El Consejo, en su visión de restricción presupuestaria, disminuía tal asignación en su propuesta, quedando esta en 112 millones y medio anuales.

Por nuestra parte, afirmamos que en el mismo momento en que se firma el gran acuerdo de comercio, desarrollo y cooperación con Sudáfrica, no era políticamente aceptable el mandar una señal de recorte sino que por el contrario había que por lo menos mantener y en lo posible aumentar, aunque fuera de forma testimonial estas partidas. Compartiendo sin embargo la preocupación con respecto a los recursos disponibles, finalmente la propuesta aprobada por la Comisión en cuyo nombre les hablo, fue extraordinariamente razonable: los 123 millones y medio ya consignados para el 2000, y 127 para cada uno de los seis años siguientes, hasta completar la suma total de un marco presupuestario 885 millones y medio de euros para los siete años de vigencia prevista para el Reglamento.

Ambas enmiendas nos parecen ponderadas. El objetivo es evitar el entrar en una dinámica de tercera lectura, poner fin a la intolerable situación actual de vacío jurídico y darle un impulso político significativo a nuestra cooperación para el desarrollo con Sudáfrica.

Al pedirles ahora su apoyo para nuestras propuestas, esperamos que el sentido común y la moderación de que está dando pruebas el Parlamento encuentre la comprensión del Consejo. Del mismo modo esperamos que tales propuestas sean asumibles para la Comisión Europea, pese a que las suyas – 25 millones para la cuestión de Comitología, y 850 millones y medio para el marco presupuestario – sean algo diferentes de las que nosotros les presentamos. De no darse tal comprensión sería exclusiva responsabilidad del Consejo o de la Comisión el meternos en el procedimiento de Tercera Lectura con las consecuencias que la falta de cobertura jurídica pudiera tener para los proyectos en curso dentro de nuestra cooperación al desarrollo con Sudáfrica. La propia cifra para el marco presupuestario que sugiere la Comisión y que se acerca notablemente a nuestra propia propuesta debería en todo caso para una eventual toma en consideración por el Parlamento haber llegado ala Comisión para el Desarrollo, a tiempo, y sobre todo con la certeza de que, caso de hacerla nuestra, también el Consejo hubiera dado su aceptación.